Ante la situación de emergencia social,
económica y política, Izquierda Unida
somete al debate parlamentario y
social un conjunto de medidas
que adelanten las condiciones para una salida
social de la crisis, basada en el aumento del
empleo.
El objetivo de estas propuestas es crear empleo,
no lograr un llamado Pacto de Estado.
Ese Pacto ya existe
y está constituido en lo fundamental por la reforma del art.135 de la Constitución, negociada
por PP, PSOE, CiU y otras fuerzas
de la derecha parlamentaria y aprobada
sin refrendo popular, y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, acordada por las mismas partes
sin diferencias significativas. Ambas
son causas determinantes de la situación actual y del escaso margen existente para implementar políticas de empleo.
Además, denunciamos el modelo de consenso que se propone, más orientado a abrillantar los
deteriorados blasones de la institución monárquica que a combatir el paro. Crear empleo
es un objetivo fundamental que no puede
ser distraído por argucias colaterales para
alcanzar otros fines.
No obstante, como es
tradicional en Izquierda Unida hacemos propuestas constructivas, que
consideramos viables y solventes. Existe espacio para acordar políticas concretas, máxime
cuando parece confirmarse una inflexión en la política de la troika.
Comisión Europea, BCE y FMI han constatado el fracaso de las
políticas de austeridad y
recortes, que están sumiendo a la Unión Europea en la recesión. Pero a este fracaso económico hay que unir el
fracaso político: crece la
movilización frente a esas medidas y se producen cambios
políticos de gran importancia en algunos países europeos. Los pueblos de Europa plantan cara a las imposiciones del capital financiero y de las grandes empresas.
En ese contexto, hay posibilidades de abrir paso a otras políticas. No
como resultado de un consenso imposible entre intereses contradictorios, sino de cambios en la correlación de fuerzas. Izquierda Unida se sitúa en la movilización y la protesta, pero también en la intervención y la propuesta.
En consecuencia, IU propone un paquete
de medidas con una triple finalidad:
a) Trasformar la comparecencia del Presidente del
Gobierno en el debate monográfico sobre el empleo
que venimos reclamando
desde hace meses.
b) Emplazar a Mariano
Rajoy al desarrollo de políticas de empleo
concretas, sin las que la petición de dimisión de su Gobierno y convocatoria de elecciones generales estará aún más justificada.
Entre las 22 medidas concretas, además de las que ya están reflejadas más arriba, destacamos las siguientes:
c. Hacer efectiva la igualdad salarial para hombres y mujeres.
c) Alimentar un gran debate social
sobre el empleo, que
cree las condiciones para culminar en una amplia
propuesta que cuente con la opinión
sindical, social y académica, y donde puedan acordarse las medidas
necesarias para salir de la actual situación.
Con este planteamiento, Izquierda Unida organiza sus propuestas en 9 escenarios de debate y 22 medidas concretas. Es una
estructura equivalente a las
reformas del Gobierno, aprobadas en el último Consejo de
Ministros. La razón no es caprichosa, se trata de
contrastar de forma evidente como mientras en la política del PP no hay
ningún contenido concreto
significativo orientado a la creación
de empleo, nuestras propuestas tienen ese contenido esencial.
Los nueve escenarios, cuyo debate proponemos,
pueden resumirse de la siguiente manera:
A) La creación
de empleo y el necesario estímulo de la economía productiva requieren soluciones esencialmente políticas. Proponemos reducir
el paro a la media de la UE, es decir en el
entorno del 12%, en el plazo
de tres años. Por tanto, estamos
planteando una reducción de 3,4 millones de parados, que han
de ser fruto de políticas de creación de empleo y afloramiento de la
economía sumergida. Para ello, hay
que financiar esas políticas con una contribución fiscal equivalente a la media de la UE y con una reducción del fraude fiscal y la economía sumergida hasta
las cifras medias de la UE.
B) El debate debe clarificar hasta
qué punto se debe utilizar
el sector público en la economía: su papel en los sectores estratégicos, en la inversión pública, y en la creación de empleo
mediante la dotación suficiente de los servicios públicos. Proponemos que la
Banca nacionalizada facilite crédito a las pequeñas empresas y autónomos por importe de 30.000 millones de euros.
C) Otro escenario necesario para el
debate es la modificación de las relaciones laborales. Deben derogarse las reformas laborales.
D) Debe acordarse un Plan Integral de Apoyo a la Pequeña
empresa y otro complementario de Desarrollo de la
Economía Cooperativa y Social.
E) Debe haber un giro copernicano en nuestra
política de participación en Europa, con nuevas alianzas
y exigencias.
F) Deben debatirse un conjunto de reformas legales, que permitan un contexto nuevo y
favorable para la creación de empleo.
G) Debe haber un paquete concreto de incremento del
consumo y la inversión (pública y privada)
H) Debe
articularse un Plan de Urgencia contra la Pobreza y en favor de la Cohesión
Social.
I) Debe
iniciarse un gran debate social para construir un Nuevo
Modelo Productivo, generador de
empleo digno y de calidad, basado en un desarrollo sostenible, en la producción
nacional y en el mercado interno.
a) Un Plan de empleos
verdes (siguiendo los
estudios de la Organización Internacional del Trabajo), de rehabilitación de viviendas
(13 millones de viviendas con más de 30 años), de refuerzo de los servicios públicos
(dependencia, salud, educación, etc.)
b) Un Plan de Inversión Pública en servicios públicos de proximidad.
c) Facilitar el crédito en los términos antes expresados; favorecer, aprovechando al máximo las
directivas europeas, la contratación de bienes y servicios
públicos para las pymes, con condicionados de cantidad y calidad del
empleo. Apoyar la etiqueta ‘Hecho en España’.
d) Desarrollar una política de reindustrialización del país
con criterios de diversificación y de impulso de la producción de media y alta
tecnología. Impulsar la producción de bienes de consumo
durables y sostenibles.
e) Incremento del presupuesto público de I+D+i hasta
la media de los países de la zona euro. Incremento de 0,7
puntos de PIB. Desarrollar el apoyo tecnológico a las pyme mediante el impulso de Centros
Tecnológicos y de Centros de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Económica.
f) Acordar medidas de reparto del trabajo y conciliación de la vida
laboral y personal.
g) Impedir la posibilidad de despido en todas las empresas
con beneficios económicos.
h) Concretar una política de estímulo
del consumo, mediante el aumento del salario mínimo
y pensiones más bajas. Crear una política de ingreso mínimo garantizado, mediante ayudas personas y familiares.
a. Incrementar el salario mínimo hasta 1.100 euros/mes.
b. Elevar en la misma proporción las
pensiones públicas más bajas.
c. Hacer efectiva la igualdad salarial para hombres y mujeres.
i) Desarrollo y aplicación de una Garantía
de Seguridad Profesional que asegure a todo trabajador o
trabajadora un empleo o una formación
remunerada o una renta básica.
j) Aplicar un Plan
de Empleo/Formación financiado por el Estado y con la colaboración para su aplicación de
los Ayuntamientos, destinado a los
parados de larga duración.
k) Financiación con 60.000
millones de euros en tres años, a través
de una reforma fiscal justa y
progresiva y de la lucha
contra el fraude y la economía
sumergida. A ello
habrá que añadir los recursos crediticios de las
instituciones financieras y los fondos para inversión del BEI.
l) Garantizar el derecho a una vivienda digna establecido
en la Constitución Española mediante:
a. La generalización, mediante la legislación del Estado, de los contenidos del
decreto-ley de la Junta de Andalucía
que garantiza el derecho a la vivienda.
b. La utilización de 50.000 pisos
del SAREB (Banco Malo) para un fondo de viviendas de alquiler social adaptado a las
condiciones de la vivienda y los
ingresos familiares, cuyo techo
máximo sean 300 euros mensuales.
