En el Consejo de Ministros del viernes
15 de
febrero el Gobierno
del Partido Popular presentó
un informe sobre el anteproyecto de la llamada eufemísticamente “Ley para la Racionalización
y Sostenibilidad de la
Administración Local”. Se trata de una reforma de la Administración Local que
no es
tal reforma, sino una verdadera demolición de los poderes
democráticos locales. ES UNA LEY ANTIAYUNTAMIENTOS. LEY QUE QUITA
ALCALDES
PARA PONER
CACIQUES:
1. Esta reforma supone
el desmantelamiento de la democracia local:
- La reforma implica
la recentralización y el control de lo local por parte
del Gobierno central.
- Ataca a las competencias y a la autonomía
política de los municipios volviendo a modelos
preconstitucionales.
- Elimina el poder de lo más cercano,
alejando a la ciudadanía de la
gestión de lo público, fortalece
la deriva autoritaria, el alejamiento de la política
de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia.
- El Gobierno central pretende
más
tutelaje,
menos
democracia
y
menos participación en los asuntos públicos.
- La reforma
plantea
el
tutelaje
de
una
administración
sobre
otra. Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local
definidas en los Estatutos
Autonómicos y desprecia a los Ayuntamientos
como parte del Estado en pie de igualdad con
las demás.
- Hablan de clarificación de competencias cuando lo que quieren decir es reducción a la mínima expresión de la Administración
Local.
- Entra en conflicto con Estatutos de Autonomía, unas Leyes
Orgánicas
que forman parte del bloque constitucional y que ya definen las competencias propias de los municipios, mucho más numerosas
y
más sociales que las que plantea. Posible conflicto
de competencias al Tribunal Constitucional.
- Es un ataque a la descentralización que plantean los
Estatutos de Autonomía, como el de
Andalucía, con
profundo sentido municipalista.
- Hablan de eliminar
duplicidades y competencias impropias, pero lo que hace es eliminar
competencias propias de los municipios en aspectos tan
relevantes como educación, salud o servicios
sociales
para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación.
- Los municipios quedan degradados a las políticas
que dictan otros. Se supedita su actividad al control
de los Ministerios.
- Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.
- Pretenden recentralizar el funcionariado de la adminitración local. Los interventores tendrán control económico-financiero dependiente directamente del Estado
central.
- La recentralización representa en vez de fiscalización democrática interna fiscalización burocrática externa.
- Afecta en mayor
o menor grado a la totalidad
de los 8.116 municipios españoles: Es
particularmente dura con los 6.802
municipios de menos de 5.000
que podrían llegar a ser intervenidos
unilateralmente.
- Los 7.717 municipios menores de 20.000 habitantes podrán perder gran parte de sus competencias a favor
de las diputaciones.
- Los 4.873 municipios menores de 1.000 habitantes, con alcaldes no retribuidos, se retrotraerán a la época franquista con ediles caciques que dispongan de tiempo.
- Se estima que se verán afectados más de 400.000 puestos de trabajo
en todo el país a consecuencia de la pérdida de competencias y las
privatizaciones.
- Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de cargos públicos cuando esa ausencia de remuneración ya existe
en esos porcentajes;
lo demuestra que ese ahorro sólo sería
un 2% del total.
- En su defensa de la Reforma el PP se centra de discurso populista
en la supuesta reducción
de cargos públicos con
dedicación exclusiva intentando ocultar
el impulso a la privatización de los servicios públicos
municipales y la desactivación de la democracia y la autonomía local.
2. Ésta es la reforma
de la privatización de los servicios públicos
municipales:
- Con la reforma los instrumentos financieros se convierten en el medio para recortar lo público
y los derechos en vez de para potenciarlos.
- El informe sobre el Anteproyecto de Ley deja clara la intención literal
de favorecer “la iniciativa económica privada” y “ajustarse
a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finaciera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”. Artículo
135 que prima el pago de la
deuda sobre cualquier consideración política o social y que es la base de toda
la reforma normativa que está sufriendo la población.
- Hablan de eliminar duplicidades cuando
lo
que
quieren
decir
es desmantelamiento y privatización de servicios públicos,
- Ningún dato avala
el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129
millones de euros que plantea entre 2013 y 2015, a no ser con el coste de recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios,
ejercicio de derechos y destrucción de empleo.
3. La respuesta a esta reforma
debe
venir
desde
la
rebeldía democrática:
- Nuestra defensa de la democracia participativa debe reivindicar el papel
central de la democracia local para
la vida pública y los derechos.
Porque menos democracia local es menos democracia.
Planteamos:
- La necesidad de una ley de financiación
local que defina competencias y financiación incondicionada sobre la base del mantenimiento de competencias en el ámbito social
- La defensa
de
las
competencias establecidas por
los
respectivos Estatutos de
Autonomía.
- Eliminar las Diputaciones Provinciales y establecer las transferencias
patrimoniales y competenciales a las comarcas o municipios.
- Toda ley que afecte a una parte del Estado debe negociarse con la otra como son los Ayuntamientos, cosa que el PP
no ha hecho, y las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias exclusivas sobre el régimen local.
- Defendemos una respuesta de rebeldía
democrática
frente
al
desmantelamiento de la democracia local y los servicios públicos municipales.
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