Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, denuncia que a “esta realidad se suma el empecinamiento del ministro Wert, convenientemente alentado por el lobby de la jerarquía católica, por seguir adelante con su proyecto de la LOMCE”
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, manifiesta su “total apoyo” a la huelga general educativa convocada para el próximo 9 de mayo por representantes de todos los sectores de la comunidad educativa (madres y padres, estudiantes y profesionales de la educación). Enrique Díez, coordinador federal del Área, explica que “respaldamos esta importante movilización por considerarla tan oportuna como necesaria.
De hecho, hacemos extensivo este apoyo a cuantas movilizaciones sean convocadas contra los recortes educativos y frente a las ‘contrarreformas’ educativas que quiere imponer el PP a través de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en las enseñanzas básicas y postobligatorias, así como en las universitarias”.
Para Díez, “la huelga del próximo día 9 es una ocasión inmejorable de mostrar el inmensamente mayoritario rechazo que concita el ataque sistemático que sufre nuestra Educación Pública por parte del PP. La formación de Mariano Rajoy es la responsable de unas políticas centradas en brutales recortes presupuestarios que superan ya los 5.000 millones de euros, y que tienen como objetivo encubierto el desmantelamiento de servicio público educativo, único garante real del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad”.
“A esta realidad –añade el dirigente federal de IU- se suma el empecinamiento del ministro José Ignacio Wert, convenientemente alentado por el lobby de la jerarquía católica, por seguir adelante con su proyecto de la LOMCE, a pesar del absoluto rechazo cosechado en amplios sectores de la comunidad educativa y del varapalo recibido recientemente en el dictamen elaborado por el Consejo de Estado”.
Recuerda que “este órgano consultivo plasmó en su trabajo importantes y variadas objeciones sobre aspectos centrales del proyecto. Dejó claro que ni se necesita una nueva ley orgánica de educación para aplicar los cambios que se pretenden introducir, ni es de recibo plantearla sin un amplio acuerdo entre el conjunto de las fuerzas políticas y sociales”.
Enrique Díez señala que “Izquierda Unida advierte de que la aplicación de las medidas recogidas en la LOMCE en su redacción actual supondría el principio del fin del modelo de Educación Pública que se ha tardado décadas en conquistar. Pretenden sustituirlo por un sistema educativo mercantilizado, cuya ‘calidad’ estaría íntimamente relacionada con el poder adquisitivo de las familias”.
La ‘contrarreforma’ de Wert pretende extender y potenciar territorios escolares reservados a la élite, excluyendo a su vez a las hijas e hijos de la clase trabajadora a la hora de acceder a determinados niveles y centros educativos. El propio bachillerato supondría importantes gastos que no toda la ciudadanía podrá costear, por no hablar de los aumentos, que ya estamos sufriendo, de las tasas universitarias o los desorbitados precios de másteres y cursos de postgrado.
“Las reválidas –enumera Díez-, la elección obligada de ‘itinerarios segregadores’ a edades tempranas, el control externo de lo que hay que aprender/enseñar así como la ausencia de participación democrática en la gestión de los centros educativos supondrían, sin lugar a dudas, otro ataque sin precedentes a la igualdad y a la equidad en educación.
Detalla que “también se quieren potenciar centros de diferentes niveles según los contextos socioeconómicos, fomentando la especialización y ‘excelencia’ de unos en detrimento de otros, en lugar de garantizar el derecho universal a una educación de calidad para todos y todas. Además esa especialización estará más ligada a intereses privados empresariales y de los ‘mercados’ que a la formación integral del alumnado”.
Y todo ello se enmarca en un proceso de continuos recortes que atacan directamente la calidad de la Educación Pública: aumento de ratios de alumnado, reducción drástica de personal docente, eliminación o reducción de becas y ayudas, presupuesto irrisorio en las partidas destinadas a formación, investigación…
Enrique Díez explica que “IU sigue reclamando, junto a amplios colectivos sociales, la retirada inmediata del anteproyecto de la LOMCE. No se puede dilatar por más tiempo y esta huelga general debe servir a Rajoy como piedra de toque para que impulse un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa. Debe elaborarse un diagnóstico compartido sobre los problemas reales de nuestro sistema educativo y las medidas que pueden mejorar su calidad con equidad, asegurando los recursos necesarios para ello y aplicando un ‘rescate’ a la Educación Pública semejante al que se ha puesto a disposición de las entidades bancarias”.
