Sobre la Reforma de la Administración Local planteada por el Gobierno central

En el Consejo de Ministros del viernes 15 de febrero el Gobierno del Partido Popular presentó un informe sobre el anteproyecto de la llamada eufemísticamente “Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”.  Se trata de una reforma de la Administración Local que no es tal reforma, sino una verdadera demolición de los poderes democráticos locales. ES UNA LEY ANTIAYUNTAMIENTOS. LEY  QUE QUITA  ALCALDES PARA PONER CACIQUES:

 

1.  Esta reforma supone el desmantelamiento de la democracia local:

 

- La reforma implica la recentralización y el control de lo local por parte del Gobierno central.

 

- Ataca a las competencias y a la autonomía política de los municipios volviendo a modelos preconstitucionales.

 

- Elimina el poder de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público, fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia.

 

- El  Gobierno  central  pretende  más  tutelaje,  menos  democracia  y menos participación en los asuntos públicos.

 

- La  reforma  plantea  el  tutelaje  de  una  administración  sobre  otra. Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local definidas en los  Estatutos Autonómicos y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás.

 

- Hablan de clarificación de competencias cuando lo que quieren decir es reducción a la mínima expresión de la Administración Local.

 

- Entra en conflicto con Estatutos de Autonomía, unas Leyes  Orgánicas que forman parte del bloque constitucional y que ya definen las competencias  propias  de  los  municipios, mucho  más numerosas  y más sociales que las que plantea. Posible conflicto de competencias al Tribunal Constitucional.

 

- Es un ataque a la descentralización que plantean los  Estatutos de Autonomía,  como    el    de    Andalucía, con    profundo    sentido municipalista.

 

- Hablan de eliminar duplicidades y competencias impropias, pero lo que hace es eliminar competencias propias de los municipios en aspectos  tan relevantes  como  educación,  salud  o  servicios  sociales para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación.

 

- Los municipios quedan degradados a las políticas que dictan otros. Se supedita su actividad al control de los Ministerios.

 

- Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.

 

- Pretenden recentralizar el  funcionariado de la  adminitración local. Los interventores tendrán control económico-financiero dependiente directamente del Estado central.

 

- La recentralización representa en vez de fiscalización democrática interna fiscalización burocrática externa.

 

- Afecta en mayor o menor grado a la totalidad de los 8.116  municipios españoles: Es particularmente dura con los 6.802   municipios de menos de 5.000  que  podrían llegar a ser intervenidos unilateralmente.

 

- Los 7.717 municipios   menores de 20.000 habitantes podrán perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones.

 

- Los 4.873 municipios menores de 1.000 habitantes, con alcaldes no retribuidos, se retrotraerán a la época franquista con ediles caciques que dispongan de tiempo.

 

- Se estima que se verán afectados más de 400.000 puestos de trabajo en todo el país  a consecuencia de la pérdida de competencias y las privatizaciones.

 

- Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de cargos públicos cuando esa ausencia de remuneración ya existe  en esos porcentajes; lo demuestra que ese ahorro sólo sería un 2% del total.

 

- En su defensa de la Reforma el PP se centra de discurso populista en la supuesta reducción de cargos públicos con dedicación exclusiva intentando ocultar el impulso a la privatización de los servicios públicos municipales y la desactivación de la democracia y la autonomía local.

 

2.     Ésta es la reforma de la privatización de los servicios públicos municipales:

 

- Con la reforma los instrumentos financieros se convierten en el medio para recortar lo público y los derechos en vez de para potenciarlos.

 

- El informe sobre el Anteproyecto de Ley deja clara la intención literal de favorecer “la iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finaciera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”. Artículo 135 que prima el pago de la deuda sobre cualquier consideración política o social y que es la base de toda la reforma normativa que está sufriendo la población.

 

- Hablan   de   eliminar   duplicidades   cuando   lo   que   quieren   decir   es desmantelamiento y privatización de servicios públicos,

 

- Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros que plantea entre 2013 y 2015, a no ser con el coste de recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios, ejercicio de derechos y destrucción de empleo.

 

3.        La  respuesta  a  esta  reforma  debe  venir  desde  la  rebeldía democrática:

 

- Nuestra defensa de la democracia participativa debe reivindicar el papel central de la democracia local para la vida pública y los derechos. Porque menos democracia local es menos democracia.

 

Planteamos:

 

- La necesidad de una ley de financiación local que defina competencias y financiación incondicionada sobre la base del mantenimiento de competencias en el ámbito social

 

- La   defensa   de   las   competencias   establecidas   por   los   respectivos Estatutos de Autonomía.

 

- Eliminar las Diputaciones Provinciales y establecer las transferencias  patrimoniales y competenciales a las comarcas o municipios.

 

- Toda ley que afecte a una parte del Estado debe negociarse con la otra como son los Ayuntamientos, cosa que el PP no ha hecho, y las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias exclusivas sobre el régimen local.

 

- Defendemos  una  respuesta  de  rebeldía  democrática  frente  al desmantelamiento de la democracia local y los servicios públicos municipales.