En Comisión Informativa de 13 de septiembre IU-V asume el informe del Secretario General Accidental, Sr. Pedro Jesús Sánchez Galindo,que en sus fundamento jurídicos formales dice ”a pesar de que la moción no tiene por objeto ninguna de las competencias que el artículo 25 de la L.B.R.L. atribuye a las entidades locales…puede atribuirse su estudio, informe y consulta a la comisión informativa permanente que estima que corresponde a política social por ser la materia con la que el contenido de la moción guarda una mayor conexión”
La moción va dirigida sobre ayudas a familias en riesgo de perder su vivienda. Tenemos una Ley Hipotecaria, texto refundido según decreto de 8 de febrero de 1946.Tiene ya 65 años y creemos que ya va siendo hora de jubilarla porque reúne todos los requisitos para ello y el pasado 23 de febrero Izquierda Unida e Inciativa Per Catalunya Verds presentaron una moción para reclamar que la entrega de la vivienda salde por completo la deuda de la hipoteca, y les recuerdo que pasó: topó con el rechazo frontal de PP y PSOE. Una vez más, los dos principales partidos se ponen de acuerdo para evitar la dación en pago en España, una medida que ve con buenos ojos buena parte de la población.
La verdad es que no fue una sorpresa, más bien al contrario. La sorpresa ha sido la presentación de la moción que se la podrían haber ahorrado si sus partidos hubiesen votado a favor en su momento. Sin embargo, lo que está claro es que cada vez más personas se preguntan por qué con una previsión de 300.000 embargos para 2011 los principales partidos en el Congreso han rechazado una medida que salvaría a miles y miles de familias de la ruina. Porque la dación en pago no consiste en anular hipotecas por la cara, sino en evitar que una familia que ha perdido su vivienda tenga que seguir pagando por ella.
Pero es que hay más, unos pocos meses después, en concreto el 14/06/2011 El Pleno del Congreso rechaza la 'dación en pago' con los votos en contra de PSOE y la abstención del PP, CiU y PNV, una proposición de Ley del BNG que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que con la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar el préstamo "en el caso de deudores de buena fe", o a emprender un proceso de negociación en los procesos de ejecución hipotecaria que conduzcan a una moratoria.
Segunda vez que las principales formaciones parlamentarias suman fuerzas contra una reforma de este tipo. Al final hasta cuatro veces se ha rechazado en el Congreso.
En la moción , apartado de antecedentes nos dicen que según datos de C.G. del Poder Judicial, entre 2011 y 2012 en la Región de Murcia se habrán producido cerca de 10.000 ejecuciones hipotecarias enfrentándose a una condena financiera de por vida. Ya hemos dicho donde estaban Uds. anteriormente, me imagino que sea el vendaval Alfredo el que les haya puesto la veleta mirando a la izquierda pensando en el 20n
Ciñéndonos a nuestra entorno más cercano, el 11 de febrero pasado la Plataforma de Afectados por las Hipotecas realizó una reunión en Jumilla y salvo error u omisión de las fuentes, no se contempla que estuvieran ningunos de ustedes, si estaba IU-V siempre hemos estado respaldando las propuestas de la P.A.H. apostando por reformar la obsoleta ley hipotecaria, regular la dación en pago y apostar por una política activa de alquiler de viviendas dejando el modelo de desarrollo socioeconómico del Ejecutivo regional basado en el ladrillo y la especulación.
El informe del Sr. secretario nos dice para su primer punto, que la legislación civil es competencia exclusiva del Estado, o sea de las Cortes Generales, y que la única vía que tiene la Asamblea Regional (no el Gobierno Regional) es la de solicitar al gobierno de España la adopción de un proyecto de ley que modifique la L.H. en el sentido propuesto. El mismo argumento vale para su segundo punto.
Para el tercer punto refleja claramente que dentro de las competencias que la L.B.R.L. atribuye a los municipios en su art. 25.2 no encontramos ninguna que guarde relación con esta propuesta, solo se contemplaría cualquier medida de asistencia social, económica, legal,…que sería estudiada por los técnicos de la Concejalía de Servicios Sociales.
En su cuarto punto vuelve a decir que la C.A.R.M. no tiene competencias normativas en relación con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En el Dictamen de Comisión IU-V se abstuvo mientras que el PSOE no modificase su moción en los términos propuestos por el Secretario. Al final el Pleno la rechazó con los votos en contra del equipo de gobierno, porque al final consideramos que no podemos votar en contra de algo que venimos defendiendo en los foros adecuados.
El Consejo Político Local de IU-V acordó antes de las últimas elecciones ceñirse a temas que fueran de ámbito municipal y de competencia de Pleno. La incoherencia del PSOE es oponerse donde tiene capacidad de decisión y plantearla donde solamente se queda en una declaración de intenciones.
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