Contrariamente a
lo que pregonan
los epígonos del
neo – franquismo,
nuestra democracia municipal, nuestro municipalismo, es bastante
económico. Barato, diría yo. Cosa
distinta es que pueda
reorganizarse para ser más
eficiente y más justo: a eso siempre hay
que estar abierto.
La derecha está aprovechando la
desgarradora crisis económica para desmontar el andamiaje de nuestro sistema
democrático. No contenta con las limitaciones del sistema (una Ley Electoral
más propia de Alfonso XIII que del siglo XXI), y con el enorme poder obtenido
en los comicios
(Dios le da
pan a quien
no tiene dientes…);
está embarcada en una campaña de descrédito en la cual la retórica del
déficit público juega un papel esencial.
El mensaje es claro: los
ayuntamientos son un capricho caro,
sobran ayuntamientos, sobran concejales.
Pero los
datos oficiales no
avalan esta afirmación.
Salvo que la
estulticia a la obcecación nos impidan acometer un
análisis serio.
Efectivamente, según los datos
ofrecidos por el Ministerio de Hacienda en su Servidor de Estadísticas
Territoriales, referidos a los Presupuestos de Entidades Locales de 2011, el
gasto en Órganos de Gobierno municipales (el programa presupuestario en el que
se contabiliza lo que cuesta la Corporación Municipal) ascendió a un exiguo
2´52% del total de gastos presupuestados (y menos aún en los Ayuntamientos de
la Comunidad de Murcia, un 1´80%). Poca cosa. En Jumilla todavía menos.
Eliminar concejales no contribuye
a combatir el déficit público. Por varias razones.
En primer lugar porque el gasto
en Órganos de Gierno supone el 0´12% del PIB, mientras que el déficit público
cerró 2011 n un -8´9% del PIB: ¡habría que eliminar todos los concejales y
todos los alcaldes 8 veces para reducir el déficit público en un 1% del PIB! …
y 75 veces para llegar al equilibrio presupuestario.
El peso en el bolsillo de los
ciudadanos es bastante pequeño: mantener los Órganos de Gobierno Municipales
cuesta 26 euros por habitante al año (sólo 17 en la región de Murcia). Mucho
menos que el gasto de un ciudadano medio en telefonía móvil…por no mencionar lo
que cuesta una entrada a un partido de fútbol.
En segundo lugar porque si se
reduce el número de concejales en las Corporaciones, los grupos políticos
afectados (gracias a la Ley D´hont) serán los grupos minoritarios… que
precisamente son los que
menos dinero cobran
al no formar
parte del equipo
de gobierno. En muchas
ocasiones realizan su
labor sin percibir
ni un euro,
restando tiempo a su trabajo, a su familia o a su merecido tiempo de
descanso.
Por término
medio, cada concejal
de los de la oposición supone
un coste bruto
de 3.890 euros año, incluyendo asistencia a plenos,
prorrateo de las ayudas a los grupos municipales (en 2012) porque en 2013 baja
hasta los 3.000 euros anuales con los gastos de asistencia a plenos y
comisiones porque ya no hay ayudas a los grupos municipales que nos pagamos las
fotocopias, la tinta etc etc.. (datos de Jumilla, por supuesto)
Desde el punto de vista económico
el ataque contra el municipalismo no se
sostiene. Pero es que además tendría un coste incalculable en términos de
calidad democrática. Cada vez menos concejales para controlar lo que hace el
equipo de gobierno de turno supondrá menos fiscalización y más cosas que se
escaparán a la gente en general.
Cosa distinta es que a efectos
financieros las cosas se puedan organizar de otra manera. Suele haber
una brecha injustificada
entre los medios
de los que
dispone el grupo político gobernante y los grupos de la oposición, lo cual casa mal con las tareas de
control democráticos que estos tienen
encomendados. Y también hay desigualdades poco tolerables entre las
grandes ciudades y los pequeños municipios, como la hay entre poblaciones
agrícolas y poblaciones más ricas.
En síntesis: nuestra democracia
municipal será mejorable, pero desde luego es muy económica. Que
se busquen otra
excusa para expoliarnos
este retazo de
nuestra maltrecha democracia.
“Y seguimos matando moscas con el
rabo… como el Demonio cuando se aburre”.
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